Tras denuncia de Fabián Díaz, Procuraduría abre investigación por irregularidades del transporte escolar en Tona

El congresista Fabián Díaz (derecha) logró que la Procuraduría investigue las irregularidades del transporte escolar en el municipio de Tona, Santander, que afecta a más de 300 estudiantes.

El congresista evidenció que los estudiantes de ese municipio pasan gran parte del calendario escolar sin transporte para ir a sus estudios.

Luego de la denuncia hecha por el congresista Fabián Díaz, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación en contra de los funcionarios de la Alcaldía de Tona, Santander, por los constantes retrasos en el inicio del transporte escolar, situación que afecta a más de 300 estudiantes de las dos instituciones educativas existentes en la localidad.

Mediante este documento, la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura indagación preliminar en contra de los funcionarios de la Alcaldía de Tona, por irregularidades en el transporte escolar.

Después de recibir denuncias de los padres de familia y realizar la investigación del caso, el congresista demostró ante el organismo de control que durante los últimos años la Alcaldía, en cabeza de Carmen Lucero Ramírez Aldana, no presenta a tiempo el proyecto de transporte escolar, lo que retrasa el proceso contractual y termina perjudicando a los menores.

Esta es la denuncia en la que el congresista evidenció que hubo negligencia por parte de la Alcaldía de Tona en el inicio del transporte escolar, y por la que la Procuraduría investiga a los funcionarios.

Aunque desde la Administración Municipal inicialmente usaron el pretexto de que los colegios no reportaban a tiempo el listado de sus alumnos en el Sistema de Matricula Estudiantil (SIMAT), las instituciones educativas demostraron lo contrario, al evidenciar que en noviembre de cada año realizan ese trámite, dejando el suficiente tiempo para que se haga la contratación del transporte sin que haya retrasos.

El transporte escolar en el municipio está compuesto por once rutas que sirven a más de 300 estudiantes de los colegios Luz de la Esperanza y Rafael Uribe Uribe, sin embargo, cada año deben esperar hasta dos meses después de iniciadas las clases para tener acceso a este derecho, situación que obliga a los menores a caminar por varias horas o pagarlo por su cuenta sin tener los recursos suficientes.

Varios padres de familia afectados por la carencia del transporte para sus hijos, manifiestan que el retraso en el inicio de la operación se ha dado por varios años consecutivos, por lo que deben resignarse a esperar hasta que la Alcaldía surta el proceso de contratación.

En 2019, los estudiantes tuvieron transporte solamente a partir de finales de marzo, cuando el calendario escolar había iniciado a mediados de enero.

Por estos hechos el congresista espera que la Procuraduría investigue y aplique las sanciones pertinentes a los funcionarios responsables del transporte escolar, ya que con su negligencia le han hecho difícil a los alumnos poder movilizarse a estudiar, vulnerado su derecho a la educación.

1744visitas totales,9visitas hoy

Comentarios