Licencia para matar

 

Tres jóvenes fueron asesinados, en circunstancias que aún son motivo de investigaciones, en un puente peatonal en la ciudad de Bogotá.

Los hechos que se presentaron en altas horas de la noche involucran un médico quien sería el presunto asesino, héroe para algunos, y quien cobraría la vida de los tres asaltantes.

El hecho despertó un amplio debate en torno al porte legal de armas en Colombia, la legitima defensa y el respeto a la vida con claras ideas encontradas que aún no resulta concluyente.

Incluso hay quienes, por la disposición de los cuerpos en la escena del crimen que fue amplia mente difundida, sugieren que sería un falso positivo para legitimar leyes que permitan el porte de armas y una evidente limpieza social.

Esto no es nada nuevo, Colombia muy a pesar de ser una democracia laxa en el ámbito judicial, para algunos, es clara cuando pone en principio el respeto a la vida sobre cualquier otra ley, incluso desde los sectores que aplauden este hecho, es justamente ese el argumento frente a temas polémicos como el aborto, la eutanasia o muerte asistida y el suicidio.

Si analizamos los antecedentes de la sociedad, la legitima defensa fácilmente puede ser el vínculo para promover una licencia para asesinar, esto no solo en la sociedad civil frente a su derecho a la defensa que legitimaria el porte de armas sino como instrumento del estado para defenderse de opositores políticos con las fuerzas armadas.

Se supone que la defensa es una acción reactiva que contrarresta un inminente ataque, defensa no implica necesariamente contra ataque, más si se tiene una ventaja en la correlación de fuerzas enfrentadas.

Sin embargo, son muy comunes los casos en los que robos en esta modalidad terminan en la muerte o grabes afectaciones a la salud de la víctima, lo que en principio constituye la defensa de quienes abogan a favor del médico que asesino a los tres ladrones.

Los hechos siguen siendo inciertos y la realidad latente es que en un país donde aún no se ha implementado la pena de muerte como castigo o pena máxima la vida parece valer mucho menos dependiendo la condición económica o  medio de sustento, lo evidente es que en un hecho aún no esclarecido hay un saldo de tres sujetos muertos, legítima defensa o no recibieron de su víctima la pena máxima que aun asesinos confesos y violadores no han purgado, la muerte.

Más que un debate en torno al valor de la vida, la legitima defensa o las razones legales y jurídicas para asesinar, este tema debería suscitar una reflexión profunda en torno a la sociedad que estamos contrayendo, tres muertes no tienen ningún valor frente a la condición de asaltante y agresor, y siempre y cuando se mantengan las causas que impulsaron a los tres agresores a jugarse la vida en una actividad ilícita, hechos similares seguirán presentándose, sentando un  precedente tanto en victimas como victimarios que solo puede agudizar más la violencia.

Lo que más llama la atención en este caso es la reacción inmediata de la sociedad y sus dirigentes para emitir un veredicto que legitima el hecho de parte y parte sin esperar un resultado judicial certero, producto de una exhaustiva investigación, en especial tratándose de la alcaldesa de Bogotá cuyas declaraciones aseveran sin mayor sustento que el hecho se dio en legítima defensa.

Quizás para algunos el quitarse de encima los delincuentes borrándolos de la sociedad es la mejor forma de purga social, lo cierto es que siempre estará detrás alguien apretando el gatillo.

 

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