«Los muertos tambien hablan» (caso Villalba)

Y las misivas con extrañas retractaciones siguen siendo una constante en muchas investigaciones contra el expresidente Uribe:

“Quiero pedirle perdón a usted, por haber mancillado su nombre y ponerlo en la palestra pública”,

reza el escrito rubricado por Francisco Enrique Villalba Hernández alias Cristian Barreto, un exparamilitar condenando a 33 años de prisión por ser uno de los autores materiales de la masacre de El Aro ocurrida entre el 22 y el 30 de octubre de 1997, en la que 19 personas fueron brutalmente torturadas y asesinadas, el 80 por ciento de las casas incendiadas; 1200 reses robadas y más de 700 de sus habitantes obligados a abandonar el pueblo, quedando literalmente borrado del mapa.  Parte de la confesión de Villalba fue utilizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para condenar a Colombia por ese hecho, según un extenso fallo de ese tribunal.  Tenía otras condenas por la masacre de Pichilín-Sucre, su departamento natal, en la que murieron 11 personas y por la masacre de La balsita, un corregimiento del municipio de Dabeiba-Antioquia, con 18 personas muertas, entre ellas, niños.

La carta fue exhibida con jactancia por el gobierno del presidente Uribe a la prensa en el año 2008.  Poco tiempo después, Villalba negó tajantemente su autoría, y junto a las investigaciones y pruebas grafológicas, se pudo comprobar que quien la había escrito era Jesús Amado Sarria, Chucho o El brujo de Antero, el viudo de la desaparecida Elizabeth Montoya, conocida como La monita retrechera, la mujer emblema del proceso 8000.  Sarria había sido condenado por narcotráfico, enriquecimiento ilícito y años más tarde, por homicidio.  El entonces secretario jurídico de la presidencia, Edmundo del Castillo, declaró que Sarria le había informado sobre un complot contra el presidente a través de una amiga en común en la cárcel.  Villalba explicó que esa carta la firmó en blanco bajo la promesa de Sarria de hacerle cambiar a un mejor patio debido a su influencia como gestor humanitario y asesor espiritual de los presos en La modelo, mediante sus oficios de pastor cristiano.

El exparamilitar había iniciado su periplo criminal siendo un niño, jalonado por el magnetismo del dinero fácil de Pablo Escobar y bajo el mando de La quica y otros sicarios del primer anillo del capo; a sus 16 años La quica lo envía a trabajar con uno de los socios del cartel de Medellín, Fidel Castaño, alias Rambo, fundador, junto a sus hermanos, de las AUC; luego forma parte de las filas de Mancuso.  Allí aprende a torturar y matar “a lo paraco”, es decir, descuartizando personas vivas con machete, cuchillo o sierras eléctricas.  Su macabra habilidad para esta atrocidad lo hizo conocer como el profesor de los descuartizadores de las AUC. Sus relatos en las declaraciones ante los estrados de justicia y paz salen patentes, sin titubeos y en medio de glosas crudas y espeluznantes

«A las personas se les abría desde el pecho hasta la barriga para sacar lo que es tripa, el despojo. Se les quitaban piernas, brazos y cabeza. Se hacía con machete o con cuchillo. El resto, el despojo, con la mano. Nosotros, que estábamos en instrucción, sacábamos los intestinos». «Las instrucciones eran quitarles el brazo, la cabeza, descuartizarlos vivos. Ellos salían llorando y le pedían a uno que no le fuera a hacer nada, que tenían familia».

Según narra el desnaturalizado exparamilitar, estas bestialidades eran parte de un “entrenamiento para probar finura”: argot del bajo mundo referente a que se califica para cometer un crimen o una aberración, y también para aprender a desaparecer incontables cantidades de personas.  Villalba dice que presenció tres veces las instrucciones de descuartizamiento.  El terror era elemento indispensable en las actuaciones criminales del paramilitarismo, con él se pretendía escarmentar y ahuyentar todo lo que oliera a guerrilla o a ideas anti-derechistas.  Con el paso de los años, Villalba llegó a comandar una veintena de hombres como jefe del bloque Toledo; es en ese periodo donde sucede la masacre.  Los atormentantes gritos de las asesinados, vivos en su memoria y dueños de sus pesadillas, se convirtieron en espuelas de su conciencia y en los conducentes de su entrega voluntaria a las autoridades, tres meses después de la matanza.

Villalba iba pagando casi nueve años de su condena, la cual estaba en suspenso debido a su vinculación a la ley de Justicia y Paz, con la que empezó a colaborar revelando la ubicación de varias fosas comunes que contenían osamentas de las víctimas de las AUC, y aclarando lo sucedido con masacres como la de El Aro y otras.

El 12 de noviembre de 2008, Villalba asiste a la comisión de acusación de la cámara de representantes para ampliar y ratificar, bajo gravedad de juramento, sus señalamientos contra los hermanos Santiago y Álvaro Uribe; señalamientos que había entregado a la fiscalía en febrero del mismo año y que versan, entre otros temas, sobre una supuesta reunión en una finca en la Caucana, en el municipio de Tarazá-Antioquia, para planear la masacre del Aro:

(…) “en la reunión en que se planeó la acción sobre El Aro estuvieron presentes Álvaro Uribe y Santiago Uribe, el señor Mancuso, Cobra, Noventa, Carlos Castaño, mi persona, Junior y los 22 hombres que yo tenía bajo mi mando».

A la reunión también habrían asistido altos mandos de la IV Brigada del Ejército, así como de la Policía.

Sostiene que luego del asesinato masivo se celebró otra reunión donde se hallaban varios jefes paramilitares junto a Santiago Uribe y su hermano, quien siendo gobernador de Antioquia “nos felicitó y todo a nosotros”.  Añade que esa operación se realizó para liberar a varios secuestrados, entre ellos a Mario Uribe Escobar, primo de Álvaro Uribe.  Describe cómo el helicóptero de la gobernación sobrevoló la zona durante la masacre, una versión en la que coinciden algunos exparamilitares, vecinos del corregimiento y algunos sobrevivientes como la esposa del tendero del pueblo, a quien arrancaron el corazón, los ojos y los testículos y le colgaron en un poste a la vista de todos, cual mástil de una embarcación de la muerte.

Afirma que el hermano de Álvaro, Santiago Uribe, le ofreció hombres para esa operación, pero le contestó que sus 22 hombres estaban bien preparados para este tipo de actos. También dice que él es “el dueño” del grupo paramilitar Los Doce Apóstoles.  En cuanto a la inusitada carta de retractación, indica que es falsa:

“Yo nunca me voy a retractar, yo lo que dije me quedo ahí, si me van a matar que me maten”,

y sobre otra carta dirigida al presidente Uribe, en la que el paramilitar alias Junior dice que Villalba no fue autor intelectual ni material de la masacre, responde que en la cárcel les propusieron a varios desmentir sus acusaciones, y que el único que aceptó fue Junior:

“Hay una contradicción del señor Junior. Él dice que yo no participé en la masacre de El Aro. Si yo no participé entonces por qué estoy detenido, primero que todo porque me hicieron reconocimiento los familiares de las víctimas…”, explica.

Con respecto al “helicóptero amarillo de la gobernación”, Villalba manifestó que estuvo sobrevolando la región después del ataque:

“Me comuniqué con Carlos Castaño y él me dijo que andaban dos señores de la Cruz Roja y el Gobernador”,

replicando el interrogador que no hay registro del vuelo del helicóptero de la gobernación en la zona durante los días de la acción paramilitar, a lo que responde:

“el monopolio del país, el monopolio que quieren ocultar cosas y dejarlo a uno como un mentiroso como que está echando mentiras, yo siempre he pedido una veeduría internacional…”.

Luego afirma -como todo testigo contra los Uribe- que ha sido objeto de varios atentados y agrega:

(…) «así me maten que lo logren hacer van a callar (sic) pero las pruebas saldrán después… Son muchas pruebas que hay ocultas que muy pronto van a salir”.

Pasado un tiempo, en una entrevista para Noticias UNO, aseguró tener un video y unas fotos de Uribe condecorándolo por esa masacre:

“él me dio la decoración (sic), y se lo digo de frente, él me las dio las decoraciones (sic), me dio la felicitación y simplemente yo digo (sic), le digo al país: esperen el video, las fotos, y yo presento eso”. 

Pero las supuestas pruebas nunca salieron a luz porque otra vez, como protagonista indefectible de los episodios donde se acusa a Uribe, aparecía la muerte para arrebatárselas: el 23 de abril de 2009, cinco meses después de su ratificación en la comisión de acusación de la Cámara, dos sicarios descargaron sus armas sobre el “maestro” destripador de los paramilitares, delante de su mujer e hijos, en el barrio la estrella en Medellín.

La defensa de Uribe había esgrimido sin sonrojo que las inculpaciones de alias Cristian Barreto eran un complot y que en este caso, sus enemigos de siempre, intentaban sobornar al testigo para que destruyese la inmaculada honorabilidad del mandatario y prócer eterno Álvaro Uribe Vélez: apareció en el escritorio presidencial -profanando cualquier protocolo de radicación, envió o entrega de la cárcel o del palacio de Nariño- una carta de Libardo Duarte, alias Bam-bam, un exparamilitar que purgaba condena junto a VIllaba en la Modelo.  En ella, Bam-bam le informaba al presidente que Villalba le estaba ofreciendo 250 millones de pesos para salpicarlo con la masacre del Aro.  El supuesto fin de su generoso ofrecimiento era corroborar la versión de Villaba para hundirlo.  Días atrás, el 24 de abril de 2008, exactamente un año antes del asesinato del testigo, salía en el DAS un memorando reservado que decía que Gustavo Petro, Piedad Córdoba y Daniel Coronell estaban recolectando 500 millones de pesos para dárselos a Francisco Villalba a cambio de enlodar al entonces presidente.

Se llegó a comprobar, mediante peritaje grafoscópico, que la carta, al igual que la falsa retractación de Villalba, también había sido escrita por la mano de Chucho Sarria.  El plan se les cayó y se iniciaron investigaciones concluyendo que el memorando era un documento secreto que se redactó en el DAS para justificar seguimientos ilegales contra los opositores políticos Córdoba, Petro y el periodista Coronell para filtrarlo a los medios de comunicación con el fin de desacreditarlos.  Estos fueron exonerados.

Según la versión del ex director de Inteligencia del DAS Fernando Tabares, por esa misma época el secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, les señalaba a él y a la directora María del Pilar Hurtado que esas tres personas y la Corte Suprema de Justicia eran los blancos de mayor interés para el presidente de la República.  Estas actividades ilegales eran solo una de las muchas aristas que compondrán el escándalo de los seguimientos, interceptaciones ilegales, terrorismo de estado, persecución y feroces campañas de desprestigio contra quienes criticaban o se oponían al proyecto político de Uribe, conocido como las “chuza-DAS”, el cual arrojó decenas de condenados aunque, como siempre, el rastro de las investigaciones se detuvo cuando se topó con la suela del zapato de Uribe, a pesar de que el DAS era una entidad adscrita al ejecutivo, siendo el presidente su jefe directo.

La defensa de Uribe frente al caso Villalba se centra en minar la credibilidad de los testigos y sus declaraciones; por ejemplo, dijeron que otros paramilitares como Monoleche aseguraba que Villalba no perteneció a las autodefensas como mando medio; no obstante, las diferentes condenas en su contra muestran lo contrario, igualmente las de organismos internacionales como la de la CIDH.  Si bien los testimonios de Villalba presentan algunas inconsistencias en fechas y nombres, la columna vertebral de ellos se mantiene incólume y los hechos proponen varios interrogantes:

¿Por qué la defensa dice que no hay constancia de que el helicóptero de la gobernación estuvo en El Aro durante la masacre, ya que no aparece en los registros de la gobernación, pero además del testimonio de Villalba, el jefe paramilitar Salvatore Mancuso sostuvo en su versión libre del 18 de noviembre del 2008 que

“un helicóptero de la gobernación de Antioquia sobrevoló El Aro durante la masacre”,

así como los testimonios de otras personas del área circunvecina al corregimiento? ¿Por qué en esa misma declaración Mancuso afirma que el entonces secretario de Gobierno de la gobernación de Antioquia, Pedro Juan Moreno, se enteró de lo que iba a pasar en El Aro en una reunión que tuvo con Carlos Castaño a la que asistió Salvatore Mancuso en Tierralta, Córdoba, previa a la masacre? Moreno había pedido personalmente a Castaño una cita para hablar sobre las Convivir de Urabá, de las que fue uno de los defensores en Antioquia? ¿Por qué no hubo la obligatoria prevención, protección y/o reacción de las autoridades militares y de policía departamentales que estaban bajo mando del gobernador Uribe? ¿Por qué, a pesar de estar condenado, a Villalba se le otorga el privilegio de casa por cárcel inmediatamente después de sus reafirmaciones contra Uribe y por qué no se le brindó la debida protección siendo un testigo de tal envergadura en un caso de tal envergadura? ¿Por qué el apoderado de Uribe, el famoso penalista Jaime Lombana, guarda silencio y da media vuelta al ser confrontada la autenticidad de la carta con la supuesta retractación de Villalba?, ¿por qué, como lo indican los informes de inteligencia, Uribe estuvo indagando sobre la residencia de Villalba antes de su asesinato?

Los hechos se han vuelto repetición, la repetición, costumbre; la costumbre, peligrosa normalización del crimen de Estado y ésta ha tomado visos de legitimidad en una sociedad pasiva que parece impermeable frente a sus graves implicaciones, una de ellas, quizá la más grave, la impunidad con su vástago, la vivencia cíclica.  La coreografía la dirige una vieja e incambiante batuta, y configura nítidos patrones de conducta: repentinas cartas con falsas retractaciones y acusaciones contra sectores de oposición y periodismo críticos, testigos asesinados, manejo del poder mediático privado como relacionista público y lavadero de imagen de Uribe, personajes de su entorno más cercano investigados o condenados, uso de las instituciones estatales con fines personales y delictivos, y la inefable e inexcusable somnolencia judicial, cuando de andar los caminos que apuntan a Uribe como el presunto cerebro de estos andamiajes delictivos, se trata.  Y el mismo molde calzará para la historia de Jesús María Valle Jaramillo, un connotado defensor de Derechos Humanos, oriundo de La Granja, corregimiento de Ituango-Antioquia:

“Yo siempre vi, y así lo reflexioné, que había como un acuerdo tácito o como un ostensible comportamiento omisivo, hábilmente urdido entre el comandante de la IV Brigada, el comandante de la policía de Antioquia, el doctor Álvaro Uribe Vélez, el doctor Pedro Juan Moreno y Carlos Castaño. Todo el poder de los grupos de autodefensa se ha consolidado por el apoyo que ese grupo ha tenido con personas vinculadas al gobierno, al estamento castrense, al estamento policivo y a prestantes ganaderos y banqueros del departamento de Antioquia y el país”.

Al siguiente día de esta declaración fue acribillado por sicarios que irrumpieron en su oficina en pleno centro de Medellín.

Nota: Este es un extracto de un capitulo (8°) titulado «Los muertos tambien hablan», en el que se recopila la casi veintena de testigos asesinados en contra del expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez . El capítulo es uno de 20 que contiene el libro  «Cien razones reales para rechazar el uribismo», proximamente a la venta en Amazon, de autoría de C. Arteaga.

Todo está debidamente referenciado.

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González Villanueva
Acerca de González Villanueva
estudiante de 11 semestre administración de empresas, idealista, critico y sencillo abierto de mente, reservado y serio. Amo el agua